Hay asuntos que en política llegan tarde, pero llegan, el informe presentado por el contralor municipal durante la reciente sesión de Cabildo en el municipio de El Mante, en el que se reveló un adeudo superior a 50 millones de pesos por concepto de ISR e Impuesto Sobre Nómina heredado por administraciones desde 2016 y de la Comapa, abrió inevitablemente un nuevo capítulo en la disputa política rumbo a 2027.
Los números son contundentes, del total del pasivo fiscal, cinco millones de pesos corresponden al Sistema DIF Mante durante el periodo 2021-2024, cuando el organismo era presidido por Sheyla Palacios, hoy nuevamente mencionada como una de las principales aspirantes del Partido Acción Nacional a la alcaldía y quien, de concretarse esa candidatura, podría volver a enfrentar en las urnas a la actual presidenta municipal, Patty Chío.
Es importante precisar algo que también quedó claro durante la exposición oficial: el informe no establece responsabilidades penales ni acusa directamente a funcionarios en lo individual.
Lo que documenta es la existencia de obligaciones fiscales que no fueron enteradas oportunamente al Servicio de Administración Tributaria y que hoy representan una pesada carga para las finanzas municipales.
Sin embargo, en política las percepciones suelen pesar tanto como los expedientes, pues aunque Patty Chío aseguró que su gobierno no busca culpables ni pretende emprender una persecución política, sino únicamente sanear las finanzas públicas y cumplir con las obligaciones fiscales heredadas, la revelación inevitablemente modifica el escenario político.
Porque, aun cuando la alcaldesa evite personalizar el tema, el simple hecho de que el nombre del DIF correspondiente al periodo encabezado por Sheyla Palacios aparezca dentro del informe oficial coloca a la ex presidenta del organismo en una posición incómoda frente a la opinión pública.
Para cualquier aspirante a un cargo de elección popular, cargar con un señalamiento financiero, aunque no implique una acusación directa, representa un costo político que deberá enfrentar con explicaciones claras.
La oposición podrá argumentar que el DIF no manejaba directamente las obligaciones tributarias, sino que existían áreas administrativas responsables del entero de impuestos, es un argumento válido desde el punto de vista operativo.
Pero también es cierto que quien encabezaba el organismo representa políticamente a la administración y por ello, la ciudadanía suele exigir respuestas a quienes ocupaban los cargos de mayor responsabilidad institucional.
Paradójicamente, la postura adoptada por Patty Chío puede terminar fortaleciéndola, al evitar el discurso de confrontación y centrar su mensaje en el saneamiento financiero, la alcaldesa busca proyectar una imagen de responsabilidad administrativa antes que de revancha política.
Ese tono institucional le permite presentarse como una autoridad ocupada en resolver problemas heredados, no en fabricar adversarios.
Además, envía un mensaje importante hacia los sectores empresariales y ciudadanos: el municipio reconoce los pasivos, transparenta su existencia y plantea corregirlos.
En tiempos donde la confianza en las instituciones se construye con información y no con discursos, esa estrategia puede darle credibilidad.
No obstante, el riesgo también existe, si el tema se convierte en bandera política permanente, el gobierno municipal podría ser acusado de utilizar las auditorías con fines electorales, algo que precisamente Patty Chío intenta evitar al insistir en que no habrá “cacería de brujas”.
Si el Ayuntamiento continúa transparentando las finanzas sin convertir cada hallazgo en un espectáculo político, su discurso ganará consistencia, pero si el asunto aparece únicamente cuando se acerquen las campañas, el costo también podría alcanzar a quien hoy gobierna.
Para Sheyla Palacios, en cambio, comienza una etapa distinta, sí aspira nuevamente a la candidatura panista, tarde o temprano tendrá que fijar una postura pública sobre ese adeudo.
El silencio difícilmente será suficiente cuando el tema ya forma parte de documentos oficiales presentados ante el Cabildo.
En El Mante, la ruta hacia 2027 acaba de sumar un nuevo elemento al debate: no solamente quién promete administrar mejor el futuro, sino quién puede explicar con mayor claridad las cuentas del pasado.
