Zambullidos por completo en la muy ociosa tarea de pronosticar lo que ocurrirá en el proceso electoral del 2028, conviene revisar el escenario nacional.
Porque como ya vimos en la reciente definición de los virtuales candidatos de la 4T para el 2027, los destapes estatales no pueden apreciarse como fenómenos desvinculados, sino como los engranajes de un mecanismo mayor que, al menos en teoría, debe avanzar hacia el destino que se fije desde Palacio Nacional.
En este momento, ni más ni menos que en medio de una elección intermedia en la que se define el control del Legislativo; y en el caso de Tamaulipas, en la víspera —apenas dos años antes— de la lucha por la sucesión presidencial.
El contexto del 2028, de cualquier modo, será distinto al que atravesamos ahora.
Solo cuatro entidades acudirán a las urnas para elegir a su gobernador: Oaxaca, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, ninguna con especial trascendencia por el tamaño de sus padrones electorales, pero sí cargados con otros aspectos sociales y políticos que los vuelven relevantes para la gobernabilidad de la República.
De los cuatro, solo en Durango no gobierna Morena, y a juzgar por lo que indica la fotografía actual, una alianza PRI-PAN podría retener esa posición como una de las pocas a las que la 4T no ha tenido acceso.
De cualquier manera, como en todo el país, ahí hay una larga lista de aspirantes morenistas que además tiene una similitud con la de Tamaulipas: las principales corcholatas -por lo menos, las que más se mencionan- son mujeres, encabezadas por la excandidata Marina Vitela y la senadora Margarita Valdez.
En Hidalgo y Oaxaca, Morena camina con solidez hacia el 2028, sin mayores amenazas políticas que las internas.
Por ello, y por los resultados del 2022, ambos estados deberían ser considerados por el INE dentro del bloque de “competitividad alta”, y la coalición de la 4T debería privilegiarlos para designar ahí candidaturas femeninas.
(La legislación electoral restringe a los partidos designar candidatas exclusivamente en los territorios de competitividad baja, con ello busca evitar que se mande a las mujeres a perder solo para cumplir con las reglas de paridad de género.)
Como puede verse, el oficialismo no tendría mayores problemas para al menos retener la misma proporción de estados en el 2028, y la lupa entonces tendría que ponerse sobre el microcosmos de la 4T en cada entidad.
Vale la pena consignar, por ejemplo, que solo en dos estados de los cuatro hay cierta presencia competitiva del Partido Verde.
Raúl Bolaños Cacho Cué es diputado federal por Oaxaca y su dirigencia le ha levantado la mano sin pudor.
“El Verde va a proponer, quiero decirlo desde ahorita, a Raúl Bolaños como candidato a gobernador. No hay otro cuadro”, declaró Arturo Escobar hace apenas un mes.
En Tamaulipas, ni falta hace recordar que la senadora Maki Ortiz es la apuesta abierta del PVEM, y que su hegemonía política en Reynosa es el principal capital para poner sobre la mesa de las negociaciones.
Volvamos al 2027.
El método de designación en los 17 estados —digamos con un guiño que las encuestas— arrojó como resultado que al menos en cuatro entidades fueran ungidos aspirantes relacionados con el Partido Verde.
Esto es, casi una cuarta de parte de las posiciones que estaban en juego.
Entonces, ¿es descabellado decir que al menos una de las cuatro candidaturas del 2028 podría dejarse en manos de los tucanes? Claro que no.
¿Esto confirmaría, como algunos dicen, que Maki Ortiz será la candidata de la 4T para la gubernatura de Tamaulipas? Tampoco. Pero quien la omita del horizonte electoral a ella y a su partido estaría cometiendo un grave error.
