Dos épocas distintas y dos partidos políticos distintos en el poder, pero el mismo modo de operación política.
Y al final el mismo contexto, al menos en el origen de sus problemas: la ilegitimidad de procesos electorales cuestionados y de movilización de masas en respaldo para impugnar las elecciones.
El sexenio de Salinas, con la caída del sistema de 1988 y el desmantelamiento de los gremios como una forma de ganar poder ante la crisis de legitimidad. En una segunda fase, tras la muerte de Luis Donaldo
Colosio y todas las pugnas que surgieron tras el magnicidio.
En la era calderonista, igualmente, con la crisis poselectoral y la crisis institucional que le restó gobernabilidad y recurrió al respaldo priista. Inició la cacería de perredistas mediante el uso del aparato de justicia.
Que después extendería en contra de los priistas mientras el país padecía la peor crisis de seguridad de toda su historia posrevolucionaria.
En ambas circunstancias, distintos contextos pero mismo origen, los “expedientes” fueron el principal recurso para la “cacería” de enemigos políticos o, al menos, para mantenerlos paralizados.
En la era salinista, la trama permitió la continuidad del PRI en el poder. La persecución de priistas evitó “el juego de las traiciones”.
Con Felipe Calderón, el intento de restarle fuerza a una maquinaria priista que se reconfiguraba más fuerte que nunca y, aunque llegó al poder, terminó por debilitarla.
Las alianzas iniciales en el sexenio de Enrique Peña Nieto frenaron la intención de orquestar persecuciones, aunque el aumento del escrutinio ciudadano mediante el acceso a la información terminó por dinamitar al nuevo PRI. Priistas y panistas cayeron ante las constantes denuncias.
La ambiciosa plataforma de gobierno de AMLO, sobre todo en Bienestar, mermó la intención de venganzas políticas, salvo la personal en contra de Rosario Robles, exaliada política.
Los excesos cometidos (y aún vigentes) de su círculo cercano propiciaron una agenda política que terminaría con la destrucción de las autónomas y limar el acceso a la información pública.
De igual manera, la UIF terminó prácticamente desmantelada, al grado de ser la principal causa por la cual el juicio político a Cabeza de Vaca terminó como una comedia de teatro.
Además del caso Odebrecht, que inició como una bomba mediática que involucraba a distintos personajes de la política mexicana (como Cabeza de Vaca) y al final terminó igualmente “desinflado”.
Tras el brinco sexenal, la dinámica parecía la misma, pero el conflicto entre obradoristas y la presidenta
Claudia Sheinbaum terminaría por propiciar que el aparato de justicia persiguiera el negocio del “huachicol fiscal”.
Todo parecía un duelo de intereses sin verdadera trascendencia hasta la incursión de Estados Unidos del llamado a políticos morenistas por vínculos con la delincuencia organizada.
Lo que revive, al menos por obligación, la intervención de la FGR en su atención y seguimiento, como en el caso de Rubén Rocha Moya.
Y actualmente, con la crisis del INE y las filtraciones de evidentes actos de corrupción, que van en aumento.
Más como una obra de orquestación política que un ejercicio de rendición de cuentas y de justicia.
Ante un panorama de limitaciones al derecho de acceso a la información, el uso deliberado de la información como instrumento político.
Atribuciones propias de un régimen político de partido, aspiraciones nostálgicas del poder.
@pedroalfonso88
