En vísperas del Día de Muertos, en el Congreso de Tamaulipas parece haber preocupación por revivir algo más que las tradiciones: la percepción de su productividad… y ojalá bastara con ponerle flores al rezago y prender una veladora para que así fuera, pero es más complejo que eso.
Existen versiones de que en los últimos días se llevó a cabo una reunión del titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios con personal de dictaminación y otras áreas, en donde se le comunicó al personal que trabajarían el lunes 2 de noviembre ante la presión de algunos miembros de la legislatura por la imagen de poco trabajo.
Y el problema no es trabajar este día; problema sería creer que una jornada en el calendario resuelve lo que exige organización durante todo el año. La productividad parlamentaria no se mide contando sillas ocupadas, sino revisando qué asuntos avanzan, con qué calidad y para beneficio de quién.
Además de que son conocidas las inconformidades por un supuesto trato desigual entre legisladores: iniciativas que encuentran vía rápida y otras que acumulan meses de espera, incluso entre integrantes del bloque mayoritario. Son señalamientos que requieren contrastarse con expedientes, fechas y razones. Pero plantean una pregunta legítima: ¿el ritmo depende del contenido o de la firma?
Porque una cosa es priorizar una urgencia pública y otra administrar una sala de espera con clientes preferentes.
Es decir, si existe una justificación técnica, que se explique, o bien, si el requisito para avanzar es caerle bien a quien organiza el trámite, entonces ya no hablamos de eficiencia: hablamos de una ventanilla con preferencia de paso.
Hay una precisión indispensable: Servicios Parlamentarios no aprueba por sí mismo las iniciativas. Las comisiones dictaminan y el Pleno decide. Sin embargo, el apoyo técnico, la coordinación y el seguimiento pueden facilitar el trabajo o convertir cada expediente en una carrera de obstáculos.
Recordemos que tener las llaves del archivo no equivale a ser “dueño” del Congreso y su agenda.
La propia ley interna encarga a esa Unidad coordinar y supervisar al personal asesor de dictaminación y obliga a su titular a velar por la imparcialidad de los servicios. No es una cortesía para los diputados que se porten bien, es una responsabilidad del cargo.
Y ahí está el fondo. Una legislatura que, a mi juicio, sigue debiendo resultados capaces de entusiasmar a los tamaulipecos no puede darse el lujo de añadir fricciones internas a su falta de brillo. Mucho menos trasladar al personal técnico la urgencia de corregir una imagen cuya responsabilidad también recae en quienes dirigen y deciden.
Si las inconformidades alcanzan a diputados de la propia mayoría, convendría escuchar antes de buscar conspiradores. Pedir orden, explicaciones y trato imparcial no constituye un golpe de Estado. Aunque, para quien confunda coordinación con dominio personal, hasta una solicitud de seguimiento podría parecer una insurrección.
La salida exige trabajo concreto: una agenda coordinada entre órganos de dirección, comisiones y áreas técnicas; criterios claros de prioridad; seguimiento público de los asuntos pendientes y explicación de sus demoras.
Armonía institucional significa que cada quien cumpla su función y responda por ella, sin convertir la oficina en un pequeño reino.
Los diputados tampoco quedan absueltos: deben vigilar sus iniciativas y exigir que las comisiones funcionen. Son ellos quienes dan la cara, pero detrás de cada propuesta puede haber ciudadanos esperando una solución. Cuando el Congreso se atasca, el costo rebasa los egos y termina afuera del edificio.
Este 2 de noviembre puede haber personal trabajando y expedientes moviéndose. Bienvenido sea. Pero para sacar al Congreso de su zona gris hace falta algo más que pasar lista.
Porque el verdadero golpe a una institución no es que alguien cuestione a quien coordina, es que quienes deben hacerla funcionar terminen administrando su parálisis.
