Cuauhtémoc Cárdenas murió el miércoles 28 de octubre, a los 92 años, en medio de la crisis del árbitro electoral que México empezó a construir tras la elección de 1988. Su muerte encuentra al Instituto Nacional Electoral sin presidencia titular, con sus contratos bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación y con al menos 15 renuncias de funcionarios.
Hijo del presidente que expropió el petróleo, Cárdenas suele quedar resumido en tres candidaturas presidenciales, la fundación del PRD en 1989 y el primer gobierno electo de la capital. Después de 1988, en lugar de llevar la inconformidad a una confrontación abierta, la encauzó hacia un partido y hacia la exigencia de reglas confiables.
Esa presión, sumada a la de otras oposiciones, empujó la reforma que en 1990 dio origen al Instituto Federal Electoral, aunque en aquel IFE el secretario de Gobernación todavía presidía el Consejo General. La autonomía plena llegó con la reforma de 1996, que buscó separar al árbitro del Ejecutivo: sacó al gobierno de la mesa y puso al frente a un ciudadano, elegido como los demás consejeros por dos terceras partes de los diputados.
Treinta años después, Guadalupe Taddei entregó el lunes 26 su renuncia en San Lázaro, tras una semana de revelaciones sobre presuntos conflictos de interés con proveedores de material electoral. En su mensaje advirtió que su salida no exime a nadie de esclarecer los hechos, y después el Consejo General nombró a Blanca Cruz como presidenta provisional.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la salida fue una buena decisión, sostuvo que la democracia no está en riesgo y pidió una auditoría; también rechazó las burlas misóginas que acompañaron el escándalo, y en eso acertó, porque desvían la atención de los contratos que se investigan.
Centrar la discusión en una persona deja fuera las reglas que concentraron el poder de nombramiento en una sola oficina. En octubre de 2024, una reforma a la ley electoral permitió a la presidencia del INE designar a directores y titulares de unidades técnicas sin el aval del Consejo General, tras más de un año de choques internos por esos cargos. La Suprema Corte dejó intactas esas facultades y en enero de este año desechó el último recurso de los consejeros, que denunciaban un daño a la colegialidad; ahora legisladores de Morena y de oposición plantean devolver ese aval al Consejo.
Antes de la reforma, esos nombramientos requerían el voto de al menos ocho de las 11 consejerías, una revisión que podía trabar a la presidencia y también funcionar como alarma temprana. Corresponde a las investigaciones determinar si hubo delitos, quién los cometió y si la concentración de nombramientos facilitó las presuntas irregularidades que hoy se revisan, pero un diseño que reduce contrapesos internos merece cuestionarse por sí mismo, sin esperar esas respuestas.
El relevo pondrá a prueba la regla de 1996: la Cámara de Diputados elegirá a quien concluya el periodo de Taddei, que corre hasta abril de 2032, con el voto de dos terceras partes de los presentes y a partir de cinco perfiles que seleccionará un comité técnico. Si no hay acuerdo, la Constitución prevé un sorteo entre esos perfiles, el mismo mecanismo que llevó a Taddei al cargo en 2023.
Quien llegue al cargo arbitrará la presidencial de 2030 y, antes, la intermedia del 6 de junio de 2027, en la que se renovarán las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas. En Tamaulipas estarán en juego los 43 ayuntamientos y el Congreso del estado, en una elección que el INE organiza con el IETAM.
La decisión quedará en manos de una Cámara en la que el propio INE asignó en 2024 a Morena y sus aliados 364 de las 500 curules, más de las dos terceras partes. En abril, esa mayoría eligió con 334 votos a tres consejeros, entre ellos la actual presidenta provisional, mientras PRI, PAN y MC votaron en contra.
Los mismos diputados deberán aprobar a más tardar el 15 de noviembre el presupuesto federal, en el que el INE pidió 31 mil 431.9 millones de pesos para operar y organizar la elección de 2027 y, por separado, 10 mil 842.7 millones para partidos y candidaturas independientes. Sheinbaum calificó de exagerados los más de 40 mil millones que suman ambos rubros, y el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, ya anticipó un recorte.
Según Monreal, el relevo se votaría el 6 o 7 de diciembre, tres semanas después del plazo del presupuesto, de modo que el instituto negociará su dinero con un mando provisional y bajo auditoría, y quien llegue en diciembre administrará un presupuesto que no discutió. La votación del presupuesto adelantará cómo trata la mayoría al árbitro, aunque la decisiva será la del relevo.
A finales de octubre de 1996, la Cámara eligió al primer Consejo autónomo con el acuerdo de PRI, PAN, PT y el PRD que entonces dirigía Andrés Manuel López Obrador. En 2003, en cambio, PRI y PAN integraron sin el partido de Cárdenas el Consejo que arbitraría la elección de 2006, y la reforma que siguió al conflicto poselectoral adelantó en 2007 la salida de su presidente.
La regla de dos tercios favorece acuerdos amplios, pero no los garantiza cuando un bloque reúne por sí solo esa proporción, y la votación de abril se pareció más a 2003 que a 1996. De la independencia del comité técnico, que integran tres personas nombradas por la Junta de Coordinación Política y dos por la CNDH, depende que la lista final no llegue armada de antemano, y de la Junta, a la que la Constitución encarga impulsar los acuerdos, depende que su propuesta busque consenso antes que mayoría.
En 1988, Cárdenas perdió una elección que buena parte del país nunca dio por limpia y que, según ha dicho la Presidenta, debió ganar; aun así, siguió disputando el poder en las urnas. Si el movimiento que hoy gobierna reclama esa herencia, tiene en las próximas semanas la ocasión de demostrarlo. La prueba estará en una sola votación, aquella en que el oficialismo, teniendo los votos para decidir solo, pacte la presidencia del INE con quienes compiten y la confíe a alguien cuya independencia y trayectoria impidan confundir ese pacto con un reparto de cuotas.
