POR. HAROL MEADE
EXPRESO-LA RAZÓN
La violencia familiar mantiene una tendencia alarmante al alza en la región de El Mante, donde el 90 por ciento de las víctimas son mujeres, mientras que también se observa un incremento en casos que involucran a menores y adolescentes afectados dentro de sus propios hogares.
De acuerdo con datos proporcionados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM), este delito representa actualmente entre el 40 y 50 por ciento de las denuncias que se generan en esa unidad especializada.
Las cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas revelan que solamente de enero a abril del presente año se han registrado 140 casos de violencia familiar en Ciudad Mante. En enero se documentaron 30 denuncias, en febrero 27, en marzo 47 y en abril 36 expedientes relacionados con este delito.
El responsable de la FENNAM precisó que, de alrededor de 30 carpetas de investigación que se integran mensualmente, cerca de 15 corresponden directamente a violencia familiar, situación que mantiene bajo presión el trabajo de atención y seguimiento a víctimas.
Dentro de las agresiones más recurrentes se encuentran la violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual, conductas que afectan principalmente a mujeres, aunque también cada vez involucran más a niñas, niños y adolescentes expuestos a entornos de violencia constante.
Saúl Molina, agente del Ministerio Público adscrito a esta oficina, explicó que desde el momento en que se tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, se inicia de inmediato la investigación correspondiente y se brindan medidas de protección a las víctimas para salvaguardar su integridad.
Subrayó que, en los casos de violencia familiar, no proceden acuerdos reparatorios ni mecanismos alternativos de solución, debido a la gravedad de este tipo de conductas y al riesgo que representan para las víctimas.
Indicó que uno de los principales obstáculos en las investigaciones ocurre cuando las víctimas, principalmente mujeres, deciden no continuar con el proceso legal por miedo, presión familiar o reconciliación con el agresor.
“En ocasiones vienen a denunciar impulsadas por el coraje o el temor, pero después ya no desean acudir con el psicólogo, no quieren ser valoradas por peritos o simplemente deciden no continuar con la denuncia”, explicó el funcionario.
Reconoció que esta situación dificulta la integración de pruebas suficientes para judicializar los casos y solicitar ante un Juez de Control la vinculación a proceso de los probables responsables.
Las autoridades advirtieron que el incremento de violencia contra menores y adolescentes representa un foco rojo, debido a las secuelas emocionales y psicológicas que este tipo de agresiones deja en las víctimas desde edades tempranas.
