Por Ramiro Ortega Valdez
Expreso – La Razón
Mante, Tamaulipas.- Un estudiante presuntamente lesionado de un ojo tras recibir una pedrada, riñas entre alumnos y reportes sobre la posible presencia de drogas y armas blancas han encendido las alarmas por la violencia en escuelas de esta ciudad.
Donde durante el ciclo escolar 2026-2027 se han señalado al menos cuatro incidentes graves que ponen en entredicho la eficacia de los mecanismos de prevención, vigilancia y atención dentro de los planteles educativos.
El caso más reciente fue denunciado públicamente por una madre de familia, cuyo hijo habría sufrido una lesión ocular tras ser golpeado con una piedra en la Secundaria Técnica No. 2 “Profr. Francisco Nicodemo Juárez”, situación que provocó nuevos cuestionamientos sobre la seguridad de los estudiantes y la respuesta de las autoridades escolares ante agresiones que pueden dejar consecuencias permanentes.
María Isabel, madre de familia, advirtió que la situación exige medidas inmediatas y no únicamente llamados de atención después de cada incidente, pues consideró preocupante que los alumnos continúen expuestos a agresiones mientras no existan protocolos efectivos o no se garantice su aplicación.
Señaló que esperar a que ocurra una tragedia para intervenir sería una grave omisión en la protección de los menores.
La preocupación aumenta ante los reportes de peleas entre estudiantes y la presunta presencia de marihuana y armas blancas en entornos escolares, hechos que en algunos casos han sido captados mediante teléfonos celulares y difundidos en redes sociales.
Para los padres, estas evidencias muestran problemas que requieren investigación, intervención preventiva y respuestas concretas de las autoridades educativas.

María Isabel cuestionó además que se pretenda restringir el uso de teléfonos celulares en los planteles cuando estos dispositivos han permitido documentar agresiones y situaciones de riesgo.
Consideró que impedir las grabaciones no significa acabar con la violencia y advirtió que la prioridad debe ser garantizar la integridad de los estudiantes, no limitar los medios utilizados para denunciar lo que ocurre.
Finalmente, exigió que las autoridades educativas reconozcan la gravedad de los señalamientos, investiguen cada incidente y fortalezcan la vigilancia y los protocolos de actuación.
Insistió en que minimizar las denuncias o permitir que los conflictos se repitan sin una intervención efectiva puede abrir la puerta a consecuencias irreversibles para los alumnos.
