Por Coral Herrera Lara
Expreso – La Razón
Por presunta omisión en la atención de un caso de bullying y ciberacoso, una madre de familia señaló a directivos de la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho (ESMAC), encabezados por el director Samuel Salce Sánchez, luego de que su hija, entonces alumna de primer grado, fuera víctima de agresiones y amenazas durante el ciclo escolar 2025-2026.
La madre relató que su hija sufrió hostigamiento por parte de otra estudiante, tanto de manera presencial como a través de redes sociales, donde recibió amenazas de muerte y mensajes intimidatorios en los que le advertían que conocían su domicilio y no la dejarían en paz.
“Le mandaron decir que la iban a matar por andar de chismosa, que ya sabían dónde vivía y que no la iban a dejar en paz, y que nadie se iba a dar cuenta de dónde habían salido los mensajes”, narró.
Aseguró que desde antes de que las agresiones escalaran solicitó la intervención de la dirección escolar e insistió en que fueran citados los padres de la presunta agresora; sin embargo, afirmó que su petición no fue atendida.
Explicó que tanto el director Samuel Salce Sánchez como personal de psicología tuvieron conocimiento de la situación, pero la respuesta que recibió fue que se investigaría lo ocurrido, sin que, según su testimonio, se adoptaran medidas efectivas para proteger a su hija.
“¿Qué solución le dieron ahí en la escuela? Pues ninguna, nada más solo se dijo que se iba a investigar”, expresó.
Ante la falta de garantías para la seguridad de su hija, la madre decidió cambiarla de plantel aproximadamente mes y medio después de iniciado el ciclo escolar.
El caso también llegó a instancias ministeriales. Un documento fechado el 9 de octubre de 2025, dirigido al licenciado Isaías Cruz García, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, hace referencia a la carpeta de investigación RAC 33/2025.
En el escrito, la promovente aparece acreditada como víctima y solicita copias certificadas de las constancias que integran dicha carpeta, lo que constituye un antecedente documental de las gestiones realizadas ante la autoridad ministerial.
“Mi hija duró casi once meses con una depresión de la que apenas ella va saliendo”, manifestó.
Durante ese periodo tuvo dificultades para asistir regularmente a clases debido a los constantes altibajos en su estado emocional, por lo que su madre buscó atención profesional por cuenta propia, primero con una psicóloga y posteriormente con un psiquiatra.
Actualmente, la adolescente muestra avances en su recuperación, recibió el alta psicológica en agosto pasado y ha logrado adaptarse a su nueva secundaria, retomando sus actividades escolares con mayor normalidad.
