Andrés Manuel López Beltrán se registró el 1 de octubre como aspirante a coordinar los comités de Morena en el Distrito 6 de Tabasco, el paso interno previo a la candidatura a diputado federal en 2027. Es la primera vez que busca un cargo de elección popular y lo hace poco más de cuatro meses después de dejar la Secretaría de Organización del partido. Su aspiración pondrá a prueba la promesa de Morena de revisar a quienes buscan sus candidaturas y cerrar el paso a perfiles vinculados con el crimen organizado.
En agosto, López Beltrán informó en una carta a Donald Trump que le habían revocado la visa y atribuyó la decisión a motivos políticos de Marco Rubio y Christopher Landau. La revocación es una medida administrativa que el Departamento de Estado no explica, porque la ley estadounidense considera confidenciales esos casos; en octubre de 2025, Reuters reportó, con base en fuentes mexicanas, que esas revocaciones alcanzaban ya a por lo menos 50 políticos y funcionarios del país.
The New York Times publicó el 29 de septiembre que dos agencias de seguridad estadounidenses, que no identificó, analizan señalamientos que lo relacionan con el crimen organizado y con el huachicol fiscal, el contrabando de combustibles para evadir impuestos. El diario revisó expedientes de la Fiscalía General de la República en los que un testigo colaborador menciona al “hijo del presidente”, y abogados de marinos procesados sostienen que se refiere a López Beltrán. Según cinco fuentes del diario, no se han iniciado procesos formales, y él ha negado esos señalamientos.
El 4 de septiembre, la presidenta Sheinbaum afirmó que, según la Fiscalía, no había investigaciones en su contra por ese contrabando, y el 16 la fiscal general Ernestina Godoy negó que existiera una investigación sobre él. Tras el reportaje, Sheinbaum repitió que, hasta donde sabía, la Fiscalía no lo investigaba y que esa institución tendría que informarlo. Ninguna de esas declaraciones aclara qué peso tiene ese testimonio, y una mención en una carpeta abierta sobre otros no convierte a nadie en probable responsable.
Morena aprobó en marzo revisar ante la Fiscalía a quienes busquen sus candidaturas, y en julio su dirigente nacional, Ariadna Montiel, afirmó que la revisión abarcaría a todos los aspirantes, incluidos los de diputaciones federales. El partido no ha informado el resultado en el caso de López Beltrán, y su calendario prevé dar a conocer los registros aprobados a más tardar el 31 de diciembre.
De ganar la diputación, López Beltrán tendría fuero, una protección que obliga a obtener de la Cámara de Diputados una declaración de procedencia antes de procesarlo penalmente, pero que opera solo ante la justicia mexicana y no frena una acusación en Estados Unidos. La presidenta se dijo en contra del fuero y aun así la comisión que redactó su propuesta de reforma electoral de marzo decidió mantenerlo.
En Sinaloa, el escrutinio estadounidense sí llegó a una acusación penal, que tendrá que probarse ante un tribunal y que el Departamento de Justicia presentó el 29 de abril contra el senador Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Mientras tanto, Inzunza conserva escaño y fuero, y a la petición con 23 mil firmas para que se separe del cargo y enfrente las acusaciones sin esa protección, respondió que lo eligieron casi 650 mil sinaloenses. Las firmas no equivalen a una solicitud de la Fiscalía, de modo que su permanencia no demuestra que el fuero haya frenado un proceso en México.
Una encuesta nacional de Enkoll, levantada del 16 al 19 de mayo, registró que 62% consideraba muy o algo creíbles las acusaciones contra Rocha Moya. En julio, cuando se le preguntó si los señalamientos afectarían a su partido, la presidenta respondió con una encuesta de El Financiero que daba a Morena 38% de intención de voto para la gubernatura de Sinaloa, con 36% de indecisos. Son mediciones de preguntas, poblaciones y fechas distintas, por lo que no permiten calcular el costo electoral del caso. Una ventaja en las encuestas tampoco sustituye la explicación de cómo se eligen las candidaturas.
Exigir pruebas a Washington, como ha hecho el gobierno, es una defensa legítima del debido proceso; Morena debe explicar, por su parte, con qué información decide a quién postula, más aún cuando Montiel prometió en mayo candidatos “intachables”. Esa exigencia va más allá de la ausencia de una carpeta penal, y en este caso obliga a decir qué peso tendrán una visa revocada y una revisión extranjera que no han derivado en cargos.
Entre una revocación que por ley no se explica y una revisión partidista cuyo resultado aún no se conoce, el elector se queda sin criterios públicos para valorar a quien busca su voto. A la Fiscalía le corresponde informar, hasta donde la ley se lo permita, si las menciones en sus expedientes forman parte de alguna línea de investigación, y a Morena, si decide postular a López Beltrán, explicar qué revisó y por qué aprobó su perfil. Yo quiero leer esa explicación antes que su nombre en la boleta.
