Por Staff
Expreso-La Razón
El exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Carlos Alberto García González, atribuyó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca la responsabilidad de los hechos por los que enfrenta dos procesos penales. Afirmó que durante su gestión la dependencia a su cargo actuó por instrucciones expresas de la oficina del Ejecutivo estatal.
En una entrevista concedida a la periodista Rosy Pereda, el exfuncionario aseguró que declaraba “con total libertad, sin ninguna presión política de ningún tipo”, y sostuvo que los actos que se le imputan “fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.
García González relató que en los primeros días de su gestión fue citado a la oficina del gobernador, donde, según su versión, recibió la indicación de que los proyectos le llegarían desde ahí y de que se limitara a actuar únicamente como área requirente. Consideró que ese contexto debe formar parte de cualquier revisión integral “sobre cómo se tomaron las decisiones y cuál fue la participación de cada persona y de cada dependencia”, con el fin de deslindar responsabilidades.
De acuerdo con el exsecretario, la Secretaría de Desarrollo Económico participaba en todos los procedimientos de compras, en sus distintas modalidades, solo en calidad de área requirente. Afirmó que no tenía atribuciones para seleccionar proveedores, adjudicar contratos, determinar montos ni autorizar o ejecutar pagos, y que esas etapas correspondían a funcionarios de otras secretarías, quienes, dijo, “seguramente también estaban obedeciendo las instrucciones del Ejecutivo estatal”.
Por ello, planteó que la investigación debe establecer con precisión “quién instruyó, quién decidió, quién adjudicó, quién autorizó y sobre todo quién ejecutó los pagos”, así como reconstruir la cadena de mando en cada etapa.
Sobre el proceso que enfrenta, García González señaló que ha atendido de manera voluntaria y formal cada audiencia requerida por la autoridad judicial. Agregó que confía en que las autoridades resolverán “con objetividad y apego a derecho”, y que seguirá compareciendo cuando se le requiera.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo en octubre de 2025 la vinculación a proceso de García González en las carpetas de investigación 00385/2025 y 00367/2025, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y de desempeño de funciones judiciales o administrativas. Las audiencias se celebraron el 15 y el 20 de octubre de ese año en la Primera Región Judicial del Estado.
Una de las causas está relacionada con la contratación de servicios jurídicos por 3 millones 438 mil 240 pesos. Las indagatorias también incluyen gastos en viajes internacionales, entre ellos uno a Italia con viáticos de 200 mil pesos cubiertos con recursos públicos, así como presuntos desvíos del Fondo Tamaulipas hacia proyectos sin sustento y el otorgamiento de créditos sin respaldo legal.
Como medida cautelar, un juez le ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país. El plazo de investigación complementaria se fijó hasta el 15 de enero de 2026. No se ha informado públicamente si la Fiscalía presentó acusación formal.
Gabinete bajo proceso
El caso de García González forma parte de una serie de procesos penales contra exintegrantes de la administración 2016-2022. Hasta julio de este año, jueces de control habían dictado auto de vinculación a proceso contra 29 exfuncionarios de rango medio y alto, con un quebranto acumulado de más de 2 mil 423 millones de pesos.
Por la vía administrativa, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha inhabilitado a 134 servidores públicos, 90 por ciento de ellos del sexenio de Cabeza de Vaca.
Hasta ahora, el único exintegrante del gabinete con sentencia es el exsecretario de Educación Mario “G”. Una jueza de enjuiciamiento lo condenó a 19 años de prisión y al pago de más de 8 millones de pesos como reparación del daño, por ejercicio ilícito del servicio público y peculado, en un caso relacionado con la contratación del seguro de vida de los trabajadores de la dependencia.
En octubre de 2025, un juez de control vinculó a proceso a la exsecretaria de Finanzas María de Lourdes “N” por uso ilícito de atribuciones. Se le acusa de haber distraído 181 millones 454 mil pesos destinados en 2021 a la infraestructura de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública. Ese mismo mes, cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, identificados como Reynaldo “N”, Armando “N”, Isaías “N” y Eduardo “N”, fueron vinculados a proceso por diversos delitos.
El exsecretario de Administración Jesús Alberto “S”, señalado como responsable del otorgamiento de los contratos de esa administración, enfrenta varios procesos. En junio pasado, YAC, exsecretaria de Bienestar Social, fue vinculada a proceso por el presunto desvío de casi mil millones de pesos.
El exgobernador enfrenta por separado una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, que la Suprema Corte reactivó al revocar su amparo. El Gobierno de México ha solicitado su extradición a Estados Unidos.
