A pocas semanas de las elecciones intermedias de noviembre, Estados Unidos enfrenta la inquietante posibilidad de que el resultado electoral sea desconocido o deslegitimado, y que la violencia política reaparezca con una intensidad como la del 6 de enero de 2021. El precedente existe, sus heridas no han sanado, y las condiciones para una repetición están presentes.
El asalto al Capitolio fue un ataque directo a la transferencia pacífica del poder, un pilar que sostuvo la democracia estadounidense durante siglos. Un juez federal lo describió recientemente como un evento que “hizo tambalear” ese principio fundamental, Francis Fukuyama escribió “Un sólo día bastó para que dejaran de voltear a vernos” refiriéndose al hecho de que después de 245 años Estados Unidos dejó de ser visto como el paradigma de la democracia.
Aquel día, más de 1,200 personas fueron detenidas y condenadas a prisión, incluidas unas 200 que se declararon culpables de agredir a agentes del orden. El Presidente Donald Trump fue sometido a un Impeachment (Juicio Político) por incitar a esa insurrección.
Sin embargo, Trump indultó a prácticamente todos los condenados por el 6 de enero en su primer día de regreso al poder, liberando a personas que habían cometido delitos graves, incluidas agresiones violentas contra la policía. Un juez nominado por Obama deploró ese epílogo “disminuye la gravedad de aquel día”. Otro juez, designado por el propio Trump, calificó el ataque como “peligroso” y advirtió que la democracia exige defensa activa.
Actualmente las señales de alarma se multiplican. Trump ha tratado de estigmatizar a los más reconocidos socialistas demócratas como Bernie Sanders, Alexandra Ocasio Cortez y Zohrán Mamdani a quienes acusa de ser comunistas e izquierdistas delirantes señalándolos como protagonistas de una “amenaza roja” y ser enemigos de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han sido utilizados contra adversarios políticos para intimidar a la disidencia. La congresista progresista Ilhan Omar, en plena campaña por la reelección y a menos de 30 días de los comicios, vio su casa registrada por agentes federales. El legislador centrista Jason Crow y otros demócratas han sido investigados por un video en el que instaban a los militares a no obedecer órdenes ilegales; Trump calificó ese mensaje como “sedicioso” y “punible con la muerte”.
Adicionalmente la administración del Presidente Trump ha impulsado restricciones al voto por correo y exigencias de registro previo que excluirían a millones de votantes, medidas que fueron bloqueadas por los tribunales pero que revelan una intención clara de condicionar la participación electoral, y no obstante, en muchos estados gobernados por los republicanos se están aprobando leyes y normas que, entre otras cosas, exigen una identificación oficial como requisito indispensable para poder ejercer el voto.
Las encuestas más recientes otorgan a los demócratas una ventaja de 7 a 8 puntos porcentuales para recuperar la Cámara de Representantes. Ante ese escenario, Trump y sus activistas preparan el terreno para desconocer los resultados. La narrativa del fraude electoral, sin evidencia alguna, vuelve a circular. La pregunta no es si Trump aceptará una derrota, es si sus seguidores lo harán, y qué estarán dispuestos a hacer en el caso de que su líder les diga que les robaron la elección otra vez.
El caldo de cultivo para expresiones violentas de inconformidad con los resultados se esta desarrollando, sus ingredientes son reconocibles, un líder que rechaza la legitimidad del proceso electoral, instituciones de seguridad capturadas al servicio del poder, un movimiento convencido de que solo la victoria es válida, y un clima de hostilidad hacia los opositores son elementos propicios para otra insurrección. Lo que está en juego el 3 de noviembre no solo es quién controla la Cámara de Representantes, es si el sistema político de Estados Unidos será capaz de reconocer el resultado de las elecciones o si habrá un nuevo asalto contra la democracia.
