En Gómez Farías y en Ocampo hay una razón concreta para el alivio: se acaban los periodos de dos alcaldes que, tras dos administraciones consecutivas cada uno, ya no pueden reelegirse. No es poca cosa.
Ocho años de gestión ininterrumpida dejan, en ambos casos, un rastro de irregularidades que serán muy difíciles de explicar ante las autoridades.
En Gómez Farías, la fiscalización a la Cuenta Pública 2023 de Frank de León documentó 44 observaciones preliminares —35 de gestión financiera, 8 de obra pública y una recomendación—, de las cuales el municipio apenas logró solventar 9.
Las 35 restantes derivaron en 40 acciones: cinco pliegos de observaciones por 425 mil 915 pesos y 34 promociones de responsabilidad administrativa por más de 9 millones de pesos, para un total observado de 9 millones 447 mil 774 pesos.
La Auditoría Superior del Estado fue categórica: la información contable “no presenta razonablemente” el resultado de la gestión financiera, y el municipio, dice el dictamen, “no cumplió”.
En Ocampo, el expediente de Melchor Budarth también está pesado: la ASE abrió un procedimiento de investigación por presuntas irregularidades acumuladas que superan los 29 millones de pesos.
La cifra se reparte entre 45 observaciones financieras del Ayuntamiento por 23.7 millones sin comprobar y otras 13 en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado por 5.3 millones adicionales. Dos administraciones, un mismo patrón: gasto sin soporte documental y silencio ante el Congreso local.
Ninguno de los dos deja una explicación satisfactoria de a dónde fue ese dinero.
No muy lejos de ahí, en el Altiplano, otro alcalde culminará su primera administración con un estilo muy similar: el neomorenista, René Lara Cisneros, también deja muchas dudas en su manejo presupuestal.
La mala noticia para los tultecos es que el ex priísta amenaza con buscar la reelección.
