POR HAROLD MEADE
EXPRESO LA RAZÓN
El presidente de la Asociación Local de Cañeros CNPR de El Naranjo, San Luis Potosí, José Rubén León Montalvo, afirmó que las dirigencias nacionales del sector trabajan en la revisión de aspectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, con el propósito de limitar el ingreso de jarabe de maíz de alta fructosa al país, al considerar que afecta directamente a los productores de caña de azúcar.
El dirigente señaló que la alta fructosa representa una competencia desleal para la industria azucarera mexicana, ya que gran parte de la industria alimentaria y refresquera ha sustituido el consumo de azúcar nacional por este endulzante importado, situación que ha contribuido a la caída en los precios del azúcar y ha impactado la rentabilidad de los cañeros.
León Montalvo explicó que anteriormente México exportaba alrededor de un millón de toneladas de azúcar a Estados Unidos; sin embargo, actualmente las exportaciones se han reducido a aproximadamente 350 mil toneladas.
En contraste, indicó que al país ingresan cerca de 800 mil toneladas de fructosa, lo que ha provocado una disminución en la demanda del azúcar producida por los ingenios mexicanos.
Precisó que el dirigente nacional de la CNPR, Carlos Blackaller Ayala, mantiene gestiones ante las autoridades correspondientes para que se respeten los acuerdos comerciales vigentes y se establezcan mecanismos más estrictos para la importación de fructosa, entre ellos la exigencia de certificados y mayores controles de ingreso.
Recordó que durante varios años la importación de alta fructosa se realizó sin restricciones significativas, permitiendo el ingreso de grandes volúmenes de este producto al mercado nacional, situación que, aseguró, ha perjudicado a miles de familias que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar.
Agregó que la crisis que enfrenta actualmente el sector azucarero no sólo impacta a los productores, sino también a las economías regionales que dependen de esta actividad, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas de protección a la producción nacional y generar condiciones más equitativas de competencia para garantizar la viabilidad de la industria cañera en los próximos años.
