Desde 2019 la palabra condonación ha funcionado en el discurso oficial como sinónimo del viejo régimen, a tal grado que la prohibición de condonar impuestos se elevó a la Constitución en marzo de 2020. Por eso hizo ruido lo ocurrido en la madrugada del 15 de octubre en San Lázaro, donde la mayoría aprobó una reserva de Ricardo Monreal que permitiría a los grandes contribuyentes saldar adeudos con el SAT sin pagar multas, recargos ni gastos de ejecución.
La inclusión de los grandes contribuyentes no venía en la iniciativa del Ejecutivo, que los excluía y fijaba un tope de 300 millones de pesos de ingresos. El cambio llegó a la discusión en lo particular un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, en el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, se comprometiera a que el programa alcanzara en 2027 a contribuyentes de cualquier tamaño.
El programa ha crecido en cada edición: en 2025 se limitó a ingresos de hasta 35 millones de pesos y en 2026 subió el límite a 300 millones, todavía sin los grandes. Para 2027 desaparecen las dos restricciones, siempre que el pleno del Senado confirme lo que sus comisiones aprobaron sin cambios el 21 de octubre. Entre las condiciones centrales están pagar en una sola exhibición, antes de que termine 2027, la contribución adeudada con su actualización y, si el crédito fue impugnado, desistirse de esa defensa.
Con la reserva sólo cayeron esas dos, así que siguen fuera, entre otros, quienes enfrentan procesos o condenas por delitos fiscales y quienes aparecen en los listados del SAT por operaciones inexistentes. Otro candado ya lo había retirado la iniciativa: en 2026 quedó excluido quien se benefició en 2025, y para 2027 esa exclusión desaparece, de modo que un mismo contribuyente podría volver a usar el estímulo sobre créditos de 2025 o anteriores.
Monreal defendió la reserva como una vía para recuperar créditos de difícil cobro y desahogar juicios que se arrastran por años. Su argumento jurídico es que no hay condonación de impuestos, prohibida por el artículo 28 constitucional, porque el impuesto se cobra completo y lo que se reduce son multas, recargos y gastos de ejecución, que el Código Fiscal trata como accesorios.
El mismo Código establece que los accesorios participan de la naturaleza de las contribuciones, aunque eso no vuelve, por sí solo, inconstitucional reducirlos, y ni ese principio ni la distinción de Monreal resuelven la cuestión. Su efecto económico, en cambio, puede medirse desde ahora, empezando por los recargos, que el Código define como la indemnización al fisco por la falta de pago oportuno, es decir, el precio del tiempo.
Ese precio lo encareció el propio Congreso hace un año, cuando la Ley de Ingresos de 2026 subió la tasa de recargos por mora de 1.47% a 2.07% mensual, de modo que hoy doce meses de atraso equivalen a 24.84% del impuesto actualizado. En los adeudos más antiguos la cuenta se arma con la tasa vigente en cada periodo, que antes de 2026 era menor, y aun así el estímulo puede reducir de forma considerable el costo de haber pagado tarde.
Como el beneficio alcanza sólo a los adeudos pendientes, nada recibe quien pagó a tiempo ni quien se puso al corriente cubriendo recargos. La asimetría crece al quitar el límite de tamaño, porque, a igual antigüedad y condiciones, un crédito mayor acumula más recargos y recibe una reducción mayor en pesos.
En Tamaulipas el cambio tiene un frente propio, porque el programa también comprende créditos que administra la Agencia Nacional de Aduanas, incluidas cuotas compensatorias, sin eliminar el principal actualizado de esas obligaciones. Nuevo Laredo tiene la aduana terrestre que más recauda en el país, y las grandes empresas que importan y exportan por ahí o por Reynosa, Matamoros y Altamira podrían regularizar los adeudos elegibles con un ahorro de accesorios que no recibió el competidor que pagó completo.
Con la edición de 2027 serían tres en tres años, cada una más amplia que la anterior; esa secuencia puede alimentar entre quienes todavía no participan la expectativa de una cuarta, y sin el candado de 2026 quien ya participó podría volver a hacerlo. En ambos casos, diferir un pago o sostener un litigio puede parecer menos costoso, un riesgo que no aparece en las cuentas del año en que se aprueba y que, si llega, se cobra después, cuando baja la disposición a cumplir a tiempo.
Esperar tampoco sale gratis, porque puede implicar cobro coactivo, garantías, gastos de litigio e incertidumbre sobre las reglas futuras, y no todo el que litiga busca retrasar un impuesto indiscutible; en los desacuerdos legítimos sobre un crédito, una salida negociada puede servir al contribuyente y al fisco.
A favor del programa juega el tamaño del rezago: la cartera de créditos fiscales cerró 2025 en 3.12 billones de pesos y dos de cada tres pesos están en litigio, así que destrabar juicios le sirve al SAT. Al 16 de julio, la edición vigente había recuperado 5 mil 969 millones de pesos y reducido 5 mil 739 millones en accesorios, casi un peso de descuento por cada peso cobrado; no todo lo reducido era dinero cobrable, pero el dato da la medida de la concesión cuando los grandes aún estaban fuera.
Pesa además el costo político para un movimiento que convirtió los más de 400 mil millones de pesos condonados en sexenios anteriores, según cifras del SAT de 2020, en un eje de su discurso fiscal. Ahora, tras un compromiso presidencial con la cúpula empresarial, su mayoría en San Lázaro aprobó extender el perdón de accesorios al grupo que representa 0.02% del padrón y aporta en promedio 52% de la recaudación.
Al pleno del Senado, que discutiría la minuta el martes 27, le quedan ajustes que no obligan a tirar el programa: reponer el candado de 2026 evitaría que alguien use el beneficio dos veces, y graduar el descuento según el tamaño de la empresa acortaría la distancia con quien pagó a tiempo. Si además la ley ordena al SAT publicar, al menos entre los grandes, cada beneficiario con el monto reducido, el costo quedaría a la vista. A Hacienda le tocaría dejar claro que no habrá una cuarta edición, porque un perdón que se anuncia cada año deja de ser excepcional.
Un sistema tributario se sostiene cuando pagar a tiempo resulta la decisión más barata para cualquiera, sea una tienda de abarrotes en Victoria o un corporativo con presencia nacional. Yo celebraré cada peso que regrese de los tribunales, y aun así veo en esta reserva un mensaje político difícil de defender para un gobierno que hizo de las condonaciones un emblema del viejo régimen: que la espera, para quien puede costearla, vuelva a tener premio.
