Por Staff
Expreso
El Gobierno federal tiene pendientes de ejecutar 17 órdenes de aprehensión por el caso de contrabando de combustible detectado en 2025 en los puertos de Tampico y Altamira. Tres de ellas corresponden a personas cuya extradición ya se pidió formalmente a Estados Unidos, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta ahora suman 15 detenidos por el expediente: 11 marinos y cuatro civiles.
“Respecto al buque de Altamira, hasta el momento, hay en total 15 detenidos, 11 marinos vinculados y cuatro civiles. Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de este mismo caso. 17 órdenes de aprehensión pendientes”, señaló.
“De las cuales tres corresponden a peticiones de extradición formales, que ya hizo México a los Estados Unidos”, precisó.
Sheinbaum explicó que preparar las solicitudes de extradición ha sido complicado, porque algunas conductas ligadas al contrabando de combustible no están tipificadas de la misma forma en la legislación estadounidense. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han trabajado para identificar delitos equivalentes que permitan sustentarlas.
“Puede ser fraude, pueden ser otros tipos de delito que tienen que tipificarse y tienen que complementarse para poder hacer claro la orden de extradición de acuerdo a con los tratados de extradición”, explicó.
La mandataria añadió que la entrega de los requeridos depende de las autoridades de Estados Unidos y que algunos de ellos tienen la ciudadanía de ese país.
El caso se remonta a marzo de 2025, cuando se aseguraron 10 millones de litros de diésel tras la llegada a Altamira de un buque que había declarado su cargamento como un producto distinto.
En septiembre de ese año, se reveló que una red presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, estaba implicada en el desembarco de 31 buques con combustible de contrabando en las aduanas de Altamira y Tampico.
Según la FGR, los hermanos pagaban a través de intermediarios hasta un millón 750 mil pesos a subordinados por cada buque al que se le permitía descargar en recintos fiscales.
Ese mismo mes, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 14 personas, entre empresarios, marinos en activo y en retiro, y exfuncionarios de Aduanas, por su presunta participación en una estructura dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos.
