Cada casa y cada lote baldío tendría su propia clave, una especie de CURP de los inmuebles, si el pleno del Senado aprueba la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. También crearía una cédula que vincule lo que sabe el catastro del municipio con lo que guarda el registro público de la propiedad y una plataforma nacional para hacer trámites y pagar en línea, sin tocar la tasa del predial ni quitarle el cobro a los ayuntamientos.
En San Lázaro la aprobaron en la madrugada del 7 de octubre, 324 votos contra 107 en lo general, y el 13 las comisiones del Senado la avalaron por 21 contra 5. En Morena insisten en que no habrá alzas inmediatas ni abruptas y que se trata de cobrarle a quien hoy no paga, como el dueño que lleva tres años sin hacerlo, mientras en la oposición le dicen “predialazo” porque el impuesto se calcula sobre el valor catastral. La ley ordena la información, pero subir un avalúo o cobrarle a un moroso seguirá dependiendo de autoridades locales que pagan el costo en votos.
Esta ley debió existir hace más de doce años, pues la reforma constitucional que la ordenó se publicó el 27 de diciembre de 2013 y dio al Congreso de la Unión 180 días para expedirla, previa opinión de los estados, y tres legislaturas completas dejaron pasar el encargo. Hoy PAN y Movimiento Ciudadano reclaman que esa opinión no se pidió.
Según el INEGI, en 2024 los municipios programaron cobrar 92,817.8 millones de pesos de predial y recaudaron 48,703.2 millones, apenas 52.5%, más de 44 mil millones por debajo de lo previsto. Lo recaudado equivale a cerca de 6% del presupuesto que ejercieron ese año los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. El promedio municipio por municipio fue de 74%, una diferencia que sugiere que el rezago pesa más donde se programó cobrar más, aunque por sí sola no dice qué municipios explican el resultado.
Con datos de 2024, la OCDE ubicó la recaudación mexicana de impuestos sobre la propiedad, categoría amplia cuyo componente principal es el predial, en 0.3% del PIB, unos 30 centavos por cada 100 pesos que produce la economía. La cifra no llega ni a la mitad del 0.8% que promedia América Latina y el Caribe, y el gobierno federal atribuye parte de ese rezago a padrones viejos y a la falta de certeza sobre quién es dueño de qué.
El predial arrastra un problema técnico, que la ley atiende con claves y plataformas, y otro político, que sigue donde lo puso la Constitución: los ayuntamientos proponen las tablas de valores con las que se calcula el impuesto y los congresos locales las aprueban. Y el recibo lleva el nombre del dueño y el escudo del municipio, a diferencia de las participaciones federales, que llegan a la tesorería sin que el alcalde tenga que explicarle a nadie en la colonia por qué subió el cobro.
La Federación incluso premia a quien cobra con el Fondo de Fomento Municipal, que reparte 70% de lo que ha crecido desde 2013 según lo que se recauda de predial y agua en cada estado. El otro 30% va a los estados que cobran el predial por cuenta de sus municipios, convenio que Tamaulipas ha firmado con algunos ayuntamientos. Aun así el predial no despega, y aunque estos datos no permiten medir cuánto pesa la falta de capacidad técnica frente a la resistencia política, sí muestran que el incentivo no ha bastado.
En Tamaulipas la Ley de Catastro da a los ayuntamientos hasta el 10 de septiembre para entregar sus tablas de valores al Congreso, que decide por ellos si no llegan. Los diputados locales han propuesto exhortos para recordar ese plazo al menos desde 2011, y el más reciente, promovido por un diputado de Morena, recibió este verano dictamen favorable de la Diputación Permanente y admite que varios municipios llevan largos periodos sin actualizar sus valores.
Los tiempos tampoco ayudan: si el Senado la aprueba como viene, las autoridades catastrales, municipales incluidas, tendrían hasta el 31 de diciembre de 2026 para adoptar las plataformas y los modelos federales, en pleno proceso electoral. Ese proceso arrancó el 13 de septiembre y el 6 de junio de 2027 renovará los 43 ayuntamientos y las 36 diputaciones locales, justo las autoridades que proponen y aprueban las tablas.
Mientras tanto el predial se persigue con incentivos, como los descuentos de inicio de año en Matamoros y Reynosa o la rifa de minisplits y una pantalla que Camargo anunció entre quienes pagaran de enero a abril; son medidas que pueden mejorar el cumplimiento, pero no corrigen un solo avalúo. Con tablas viejas, los dueños de inmuebles de alto valor comercial pagan menos de lo que les correspondería, como reconoce el mismo exhorto, y lo que no se cobra puede traducirse en calles sin bachear o en más dependencia de las participaciones.
La ley tiene virtudes: una clave única ayuda a detectar registros duplicados o titularidades que se contradicen, aunque no resuelve por sí misma un conflicto de propiedad, y un trámite en línea tendría la misma validez que uno en ventanilla. La oposición la acusa de concentrar decisiones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y de cargar a estados y municipios el costo de adaptarse sin un peso adicional.
Si la plataforma llega a tiempo a los municipios, la clave única avanzará más rápido que la decisión de cobrar a cada predio el impuesto que le corresponde. En Tamaulipas la ley no fijaría por sí sola el monto del recibo de enero, que dependerá de las tablas de 2027 que apruebe el Congreso y de los datos de cada inmueble. La prueba vendrá el 10 de septiembre de 2027, cuando cabildos que ya sabrán si se van o se quedan entreguen las tablas de 2028; hasta entonces, lo más probable es que veamos más descuentos y más rifas.
