POR ANTONIO BLANCO
EXPRESO LA RAZÓN
La demanda de repartidores por aplicación continúa en aumento en el municipio, restaurantes, farmacias y tiendas de conveniencia reportan un mayor número de pedidos a domicilio, situación que ha incrementado la presencia de motociclistas que prestan este servicio mediante plataformas digitales.
Al mismo tiempo, autoridades y cuerpos de auxilio advierten un incremento en los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados motociclistas, incluidos repartidores.
Los percances van desde choques y atropellamientos hasta hechos que terminan en hospitalizaciones, lesiones de gravedad e incluso fallecimientos.
“Pese al crecimiento de esta actividad, el modelo de trabajo no establece una relación laboral directa con los comercios ni con las plataformas digitales, por lo que los repartidores permanecen fuera de la protección de la Ley Federal del Trabajo y carecen de acceso automático a la seguridad social”, destaca Jhonatan Martínez, secretario general de la CTM.
Actualmente no cuentan con sindicato, IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, prima dominical, pago por días festivos ni descanso obligatorio.
En caso de sufrir un accidente o una enfermedad, quedan prácticamente sin respaldo al no existir un patrón legalmente responsable.
El líder de la CTM, confirmó que en el municipio no existe un sindicato que represente a los repartidores que laboran en motocicleta mediante aplicaciones digitales.
De acuerdo con representantes del sector comercial, tanto los establecimientos como las plataformas y los propios clientes suelen deslindarse de cualquier responsabilidad, ya que no existe un vínculo laboral formal.
Este vacío jurídico dificulta definir quién debe responder cuando un repartidor sufre un accidente mientras realiza una entrega.
Información recabada señala que estos trabajadores pueden incorporarse voluntariamente a esquemas de seguridad social para recibir atención médica y cotizar para una pensión o vivienda.
Sin embargo, las modalidades disponibles implican el pago de cuotas mensuales, cuyo costo depende de la cobertura contratada.
Aunque el servicio de entrega a domicilio sigue creciendo por la alta demanda, la regulación laboral no ha avanzado al mismo ritmo y como resultado, cientos de repartidores continúan desempeñando una actividad de alto riesgo sin prestaciones, seguridad social ni protección institucional.
