POR HAROLD MEADE
EXPRESO LA RAZÓN
La región de El Mante registra una alta circulación de vehículos de procedencia extranjera sin regularizar, situación que representa un riesgo legal para sus propietarios, advirtió el licenciado Jalil Ale Saade, representante del área jurídica de diversas aseguradoras en esta ciudad.
El abogado explicó que los cambios y el cierre de los programas de regularización, aunados al ingreso constante de unidades al país, han provocado una marcada saturación de vehículos conocidos como “chocolate”, fenómeno que también se presenta en otras entidades.
Recordó que el último decreto emitido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador permitió regularizar únicamente los vehículos que ya se encontraban en territorio nacional, con el propósito de incorporarlos a un padrón oficial, otorgarles placas y facilitar que sus propietarios respondieran legalmente en caso de verse involucrados en algún hecho delictivo o accidente.
Sin embargo, señaló que actualmente sigue circulando un gran número de unidades irregulares que portan placas expedidas por diversas asociaciones civiles, las cuales únicamente les permiten transitar, pero no les otorgan certeza jurídica sobre la propiedad o situación legal del vehículo.
Saade advirtió que cuando una de estas unidades participa en un accidente y queda a disposición del Ministerio Público, la autoridad puede negarse a devolverla debido a que se encuentra de manera irregular en el país.
Indicó que recientemente conoció al menos tres casos de propietarios que solicitaron apoyo para recuperar sus vehículos tras accidentes ocurridos en Santa Elena, en la zona urbana de El Mante y en la carretera, pero las unidades permanecieron aseguradas por su condición migratoria.
El especialista añadió que, si las autoridades federales deciden investigar el origen de estos vehículos, incluso podría iniciarse una carpeta de investigación por el delito de contrabando equiparado, lo que derivaría en el decomiso de la unidad y en un procedimiento legal contra quien la posea.
Finalmente, precisó que el Ministerio Público debe cumplir estrictamente con los procedimientos legales establecidos, ya que sus actuaciones son supervisadas por la Visitaduría, lo que limita cualquier posibilidad de liberar unidades que no acrediten su estancia legal en el país.
